VII) Conclusiones
Con la limitación que supone condensar en unas pocas páginas la cantidad de problemáticas, necesidades, respuestas y recursos mencionados en los capítulos anteriores, abordamos este apartado con la intención de señalar aquellas cuestiones que entendemos de máximo interés animando, en su caso a una lectura más reposada.
En lo que respecta a las quejas tramitadas, el volumen de las gestionadas el presente año 2011 nos lleva a afirmar que el área de educación se consolida como una de las áreas de mayor peso relativo con respecto al conjunto de la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia.
El estudio de estas quejas, en especial de las que han sido destacadas, nos lleva a animar a la Administración educativa a que persevere en la labor de adecuación y mejora continua de la programación educativa hasta lograr la consecución efectiva de los criterios (indicadores) que han sido establecidos para organizar y planificar la red de centros no universitarios. Valoramos positivamente que entre estos criterios se haya incluido el compromiso por tratar de asegurar la participación de todos los agentes educativos en la realización de una planificación democrática y adecuada a las necesidades educativas reales de la ciudadanía. Nos preocupa, no obstante, que el carácter potencialmente abierto de la oferta de modelos lingüísticos pueda poner en riesgo el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad conforme al modelo lingüístico elegido por las familias.
Precisamente, la necesidad de asegurar una auténtica igualdad de oportunidades hace preciso que la Administración educativa extreme el cuidado en la gestión de los procesos de admisión de alumnado con la comprobación de una aplicación cabal de los criterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas (residencia efectiva de las familias) y revisando o reconsiderando la aplicación de aquellos otros que puedan ser motivo de discriminación (primogenitura) o que puedan no contribuir a objetivos necesarios como el de la conciliación de las necesidades familiares y laborales. De igual modo, sería conveniente que la Administración educativa revisase la aplicación informática que permite la resolución mecanizada de estos procesos de admisión de alumnado para apurar, en lo posible, esta igualdad de trato (adjudicación de segundas y terceras opciones). Fuera de los periodos o plazos ordinarios, las propuestas de las Comisiones territoriales de escolarización deberían atender, en la medida de lo posible, a la voluntad de las familias.
Es conveniente que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación ultime, a la mayor brevedad posible, el diagnóstico pendiente con respecto a la realidad del primer ciclo de la etapa de educación infantil. Ello permitirá intervenir, de manera adecuada, con respecto a algunas realidades que se están produciendo en las aulas de dos años de centros públicos dependientes de la Administración educativa.
Mostramos nuestra inquietud por las decisiones organizativas que se vienen adoptando en el ámbito de las escuelas infantiles dependientes del Consorcio Haurreskolak (agrupamientos) así como por los resultados que pueda ofrecer el nuevo Plan de atención a la infancia de cero a tres años que ha promovido el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales (Haur Etxea).
En lo que respecta a los servicios complementarios de transporte y comedor, en particular en lo que afecta a transporte escolar, queremos insistir en que la Administración educativa no debe descartar un intento de aplicación más flexible, que no arbitraria, de los criterios que dan acceso al servicio cuando ello redunde en una mejora de la atención al alumnado, sin perjuicio, naturalmente, de intentar mejorar las posibilidades de organización del servicio a través de la revisión del mapa escolar.
En cuanto a comedores, creemos que se deben apurar las posibilidades de disponibilidad presupuestaria y para hacer extensivo el tratamiento de reducción de cuotas de comedor al alumnado transportado que cursa enseñanzas obligatorias en centros educativos públicos que no disponen de servicio de comedor de gestión directa y que no cuentan con servicio de transporte de mediodía.
En materia de necesidades educativas especiales debemos manifestar, una vez más, la necesidad de intensificar los esfuerzos para establecer buenas prácticas orientadas a propiciar una mayor coordinación entre servicios educativos que garantice, a su vez, un correcto seguimiento y una adecuada evaluación de la respuesta educativa a los y las menores con necesidades especiales, así como a una mayor colaboración con sus familias. Confiamos en que el próximo Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva suponga un refuerzo importante para la consolidación o el asentamiento de estas dinámicas de actuación. En cualquier caso, debe agilizarse la respuesta a las necesidades sanitarias especiales durante el horario escolar.
En materia de convivencia escolar insistimos en la necesidad de tratar de evitar la burocratización y de profundizar en el establecimiento de buenas prácticas entre las que necesariamente se ha de incorporar la mayor colaboración con las familias. Esperamos que la nueva guía aprobada contribuya a ello.
En el nivel universitario, la experiencia de la pasada convocatoria debe llevar a intensificar la necesaria coordinación entre la Universidad y los centros que imparten bachillerato con el fin de garantizar la adecuación de los ejercicios al currículo del bachillerato.
Debe considerarse también la conveniencia de ampliar la información disponible en la Guía de Acceso a la Universidad y se deben contemplar nuevas prácticas orientadas a una mejor administración.
En el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección comenzamos por señalar, como ya lo hiciéramos el pasado año, el necesario apoyo a las familias en el desempeño de sus competencias parentales. Si bien es cierto que en este documento se ha visibilizado principalmente la actuación de los servicios sociales de atención secundaria, que intervienen cuando las situaciones de desprotección son especialmente graves y, por tanto, la separación del núcleo familiar es ya en una proporción importante un hecho, queremos en este momento ampliar la mirada y destacar precisamente el valor de los apoyos a las familias en etapas anteriores, antes de que ocurra nada o antes de que las situaciones se agraven, con una clara intencionalidad preventiva y de atención temprana. No se ha dicho todavía lo suficiente sobre el impacto que la labor sostenida en el tiempo de orientación y asesoramiento en pautas educativas, el acompañamiento ante dificultades incipientes, la intervención en el ámbito natural y comunitario, tiene sobre las condiciones de bienestar y cohesión en las que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, desactivando o minimizando claramente los efectos de desprotección más graves.
Así, insistimos en la necesidad de potenciar los esfuerzos desarrollados desde los servicios sociales municipales, tanto preventivos como de intervención familiar y comunitaria. A los servicios sociales de infancia forales les animamos, por otro lado, a reforzar el trabajo con las familias, tanto en los casos en los que parezca posible la reconstitución familiar, como en las familias acogedoras o adoptivas. En el caso concreto del acogimiento familiar, creemos que hay que dar un paso más en la regulación de esta medida de separación, clarificando aspectos que hasta el momento se encuentran en la indefinición, como pueden ser los derechos y deberes de las familias acogedoras, y estableciendo requisitos, pautas y procedimientos que garanticen los derechos de todas las personas implicadas: niños, niñas, familias. Mientras esto sucede, la ampliación y estabilización de los equipos de educadores y educadoras que acompañan los procesos de acogimiento es una tarea ineludible.
El otro momento crítico en los procesos que siguen los chicos y chicas atendidos por los servicios sociales de protección es el de la emancipación. Cumplida la mayoría de edad legal, difícilmente podríamos imaginarlos como personas autónomas, en tanto en cuanto no disponen de los elementos que posibilitan una autonomía real: el trabajo, los recursos económicos y los residenciales. Carentes de la familia que a otros y otras jóvenes da el soporte suficiente en el itinerario hacia la emancipación, es la administración quien deberá velar con especial celo por que este tránsito se haga adecuadamente. Y esto requiere especialmente buena coordinación y colaboración entre servicios, departamentos e instituciones.
A un proceso de emancipación poco articulado son especialmente sensibles los menores extranjeros no acompañados, que cuentan con escasa red de apoyos. Aun cuando el número de menores que llega a nuestra Comunidad sigue en 2011 la tendencia descendente iniciada en 2009, esta institución sigue alerta a cómo se están garantizando los derechos de estos y estas menores a la luz de las recomendaciones que en esta materia se han emitido en años anteriores. A este respecto volvemos a reiterar la necesidad de contar ya con el protocolo de acogida de urgencia, que clarificará responsabilidades y pautas de actuación, a la vez que aportará coherencia y fluidez al proceso de acogida.
Esperamos, por otro lado, que la práctica de no aportar la documentación que señala el cese de la tutela o del acogimiento residencial a la salida de los recursos forales, que ha sido objeto de queja en un número determinado de casos este año, no siga dándose en el futuro.
Como cierre de este apartado quisiéramos reconocer la mejora observada en el funcionamiento de los servicios sociales de protección, desde la valoración a través de un instrumento consensuado y compartido por todos los agentes y que permite la detección de las situaciones de desprotección con el suficiente matiz como para ser atendido desde sus fases más tempranas, hasta la atención prestada en los servicios de acogimiento residencial que, a tenor de lo observado directamente este año, continúan mejorando y, quizás lo más interesante, adaptando sus respuestas a las necesidades cambiantes que van afrontando.
En lo tocante a la política familiar, los poderes públicos vascos, en general, deben tomar conciencia de la importancia de incrementar el apoyo a las familias, que operan como respaldo necesario para las situaciones de necesidad, complementando y en muchas ocasiones suplantando en ese sentido las funciones del Estado de bienestar. Las quejas ciudadanas y el tejido asociativo expresan esa necesidad de aumentar los apoyos públicos a las familias, en especial a aquellas que tienen singulares dificultades, como pueden ser las familias numerosas, las familias monoparentales u otras en cuyo seno viven personas en especiales situaciones de dependencia o enfermedad. Entendemos que además de las ayudas directas existentes en la actualidad, es preciso revisar el actual sistema fiscal para convertirlo en una verdadera herramienta para articular el apoyo público a las distintas situaciones familiares.
Consideramos acertada la perspectiva transversal del III Plan Interinstitucional de apoyo a las Familias (2011-2015), así como la orientación hacia nuevas formas de apoyo a las familias dirigidas a crear más oferta de servicios comunitarios. Valoramos también de manera positiva la inclusión en este plan de estrategias, objetivos y medidas para avanzar en la línea propuesta por las recomendaciones del informe extraordinario Transmisión de valores a menores de esta institución. En todo caso, es preciso que todas las instituciones vascas con responsabilidades en este ámbito coordinen sus esfuerzos para lograr la eficacia de sus previsiones.
Seguimos alertas a la evolución de las situaciones de violencia ejercida por adolescentes hacia sus progenitores, tanto en lo que tiene que ver con la explicación y diagnóstico del fenómeno, como en la atención y la intervención que se viene articulando desde distintas instancias administrativas. Valoramos como buenas prácticas las que hemos tenido oportunidad de conocer y reiteramos la necesidad de incrementar esfuerzos en prevención y atención en fases tempranas.
Compartimos preocupación con profesionales y organizaciones sociales por la situación en que pueden encontrarse los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que, de momento, no son considerados víctimas directas de esa violencia cuando no son agredidos particularmente. Abogamos por profundizar en el diagnóstico (¿de cuántos niños y niñas hablamos? ¿cuáles son las evidencias del impacto de la exposición a la violencia en el hogar?) y en su reconocimiento como víctimas directas, como punto de arranque para la articulación de las pertinentes intervenciones de sensibilización, prevención, atención, coordinación interinstitucional, etc.
En otro orden de cosas, estaremos vigilantes para que las diferentes administraciones concernidas adopten las medidas necesarias para que se reconozca a los padres y madres separados y divorciados, con independencia de que ostenten o no la custodia de sus hijos e hijas, el derecho a recibir información relativa a sus hijos e hijas: estado de salud, evolución escolar, etc. así como a entrevistarse con el profesorado y a colaborar en la comunidad educativa del centro, en los mismos términos y con los mismos requisitos y cautelas que al resto de padres y madres.
La asunción de la responsabilidad pública de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial contemplada en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales, la mejora observada en su funcionamiento y el cambio competencial por el que pasan a ser responsabilidad de la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco desde el inicio de 2012, nos hace ser optimistas respecto a su mejor incardinación en el sistema judicial y, en consecuencia, a la mayor eficacia y eficiencia de estos recursos que demuestran día a día su valor para garantizar el derecho de niños y niñas a mantener la relación con sus progenitores, incluso en situaciones de separación contenciosa. Seguiremos con interés su evolución.
En el ámbito de salud y la atención a las personas menores dependientes se registran avances en el desarrollo de la estrategia de la cronicidad. Sin embargo, es necesario otorgar un mayor apoyo institucional a las asociaciones de pacientes, de personas con enfermedad crónica y a entidades sociales que trabajan a favor de los derechos de estas personas, con el fin de garantizar la estabilidad de los programas y servicios que ofrecen, cuya utilidad para el colectivo de personas con enfermedad crónica ha quedado constatada.
Cesa la inactividad del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria que señalábamos en años anteriores y se aprueban documentos de gran trascendencia para la implantación y mejora de este tipo de atención, imprescindible en el abordaje de la problemática del colectivo de personas dependientes. Merecen ser destacadas las mejoras en el Modelo de Atención Temprana aprobado por este organismo en el sentido de la ampliación en la edad de las personas beneficiarias hasta los 6 años, tal y como se solicitaba en una de las recomendaciones del informe extraordinario La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV, presentado al Parlamento Vasco este año.
En general, la percepción que las personas afectadas por linfedema, enfermedades congénitas del metabolismo y otras enfermedades de baja prevalencia tienen sobre la atención que se les dispensa difiere de la información facilitada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Ello constituye una herramienta muy útil para que la administración sanitaria pueda testar la aplicación práctica de sus previsiones organizativas y adoptar las medidas oportunas de corrección.
Se hacen urgentes actuaciones de los sistemas social y sanitario tendentes a subsanar la insuficiencia de estructuras intermedias en el ámbito de la salud mental e insistimos, especialmente, en la atención al trastorno límite de personalidad, de especial incidencia en jóvenes. La apuesta por programas de tratamiento asertivo comunitario planteados como cadena de apoyos y con garantías de seguridad para todas las partes implicadas, realizada por la Red de Salud Mental de Osakidetza, nos parece plenamente válida.
En el ámbito de las actividades artísticas y deportivas desarrolladas con niños, niñas y adolescentes aprovechamos para destacar el potencial educativo de estas, que trasciende el mero aprendizaje y desarrollo de destrezas y competencias técnicas propias de esas disciplinas (música, pintura, expresión, deporte escolar…) para contribuir a la educación integral de los chicos y chicas, adentrándose en la educación en valores positivos para un desarrollo personal y social saludable.
Entre los problemas que nos trasladan las asociaciones LGTB destaca por su gravedad el acoso homofóbico y transfóbico que, en ocasiones, pasa desapercibido como origen o motivo de situaciones de maltrato entre iguales detectadas. Siendo una buena noticia el plan de trabajo para la gestión de la diversidad afectivo-sexual elaborado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, que plantea incorporar herramientas para la detección del acoso homofóbico en el protocolo contra el acoso escolar, a la par que trabaja en la línea formativa con el profesorado para mejorar la detección en las aulas, nos mantendremos atentos a su implementación y resultados.
Una vez más señalamos la necesidad de que las instituciones educativas aborden estrategias que aseguren que la escuela sea un sitio seguro, que garantice el amparo de los menores y las menores en el libre y pleno desarrollo de su orientación sexual y de su identidad de género, en un modelo de convivencia escolar pacífico e integrador de la diversidad. A lo largo de 2011 y 2012 esperamos contribuir de manera especial a tal cometido desde nuestra participación en el proyecto europeo Rainbow, dirigido precisamente a generar herramientas para la intervención educativa en la lucha contra el acoso homofóbico o transfóbico en el ámbito escolar.
Como colofón a las consideraciones en torno a sistemas sectoriales de atención de estos párrafos precedentes y constatados avances y puntos de mejora observados en ellos, creemos que es el momento de referirnos a uno de los retos que enfrentan todos ellos y que ya exponemos y justificamos en el informe extraordinario sobre Infancias vulnerables presentado en 2011: el reto de la atención en las intersecciones, en los territorios fronterizos o compartidos entre sistemas, en las respuestas complejas e inter-departamentales, inter-institucionales, inter-disciplinares. Porque los itinerarios para el desarrollo integral y la participación social de nuestros y nuestras menores requiere del trabajo conjunto e integrado de todos los agentes e instancias comprometidas en ello.
Requiere, además, dar espacio a los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos de la Infancia que nos recuerdan el derecho a expresar su opinión y a recibir y dar información que les asiste. Desde la experiencia del Consejo de Infancia y Adolescencia con el que ya empezamos a consolidar recorrido y la publicación del espacio web para niños y niñas de 6 a 11 años la isla de los derechos, animamos a avanzar en la articulación de cauces de participación real y estables, tiempos destinados a ello, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.
Por último, no podemos cerrar este capítulo de conclusiones sin poner en el foco de atención la pobreza infantil. La crisis económica y de empleo ha atrapado a sectores de la sociedad que hasta 2007 tenían sus necesidades básicas cubiertas y figuraban entre la clase media o media baja. Expertos en políticas públicas coinciden en que a los núcleos tradicionalmente más expuestos a la pobreza, entre los que ya se encontraban los niños y niñas, se ha sumado una legión de personas (y familias) sin etiquetas en un contexto de recorte de gastos sociales. Así, aun cuando no contemos con datos específicos para la Comunidad Autónoma del País Vasco, los datos de organismos estadísticos europeos, estatales e incluso de comunidades autónomas vecinas, constatan un crecimiento espectacular de las tasas de pobreza infantil.
Como demuestran estudios a lo largo del tiempo, la población infantil experimenta un riesgo de pobreza superior a la población adulta e incluso ese riesgo es mayor en determinados colectivos de infancia. Esta pobreza se traduce en situaciones de infravivienda, en no tener garantizada una nutrición adecuada, en estar privados del acceso a actividades educativas y de ocio, en verse empujados a abandonar de manera prematura los estudios. Niños y niñas, por tanto, que se encuentran en situaciones de enorme vulnerabilidad a la hora de hacer efectivos, en igualdad de oportunidades, derechos básicos como el derecho a un nivel adecuado de vida, a la educación o a la salud. Por ello, debemos recordar a los poderes públicos que están obligados a prestar una especial protección a la infancia y que las prestaciones sociales, tanto las económicas como las de servicios, en ocasiones directamente destinadas a ellos y ellas y en otras a sus familias, son el instrumento básico para combatir la pobreza infantil.